30 de Noviembre de 2014.
El Senado de la República promueve modificar diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada a fin de modificar conceptos, figuras, delitos, así como los aspectos operativos y funcionales que requieren las autoridades para una investigación y persecución más eficaz del crimen.
Legisladores del PRI y el PAN plantearon incluir al catálogo de delitos cometidos por la delincuencia organizada, los actos relacionados con el desvío de precursores químicos, productos químicos esenciales o máquinas para el cultivo.
Así como extracción, producción, preparación o acondicionamiento de narcóticos, el de uso de moneda falsificada, narcomenudeo, contrabando de bienes en sus modalidades de importación y exportación ilegal.
Sostienen que el delito de delincuencia organizada amerita prisión preventiva oficiosa y sanción aquellos que acuerden o preparen con dos o más personas la comisión del delito de delincuencia organizada y que se determinen los medios para ello.
La propuesta por la que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada señala que serán condenados aquellos que participen intencional y activamente en actividades ilícitas o cuando contribuyan al lograr delitos, como el hecho de vigilar e informar de operativos de las autoridades que participan en el combate al crimen.
Incorpora la figura del testigo colaborador y establece qué autoridad judicial será la encargada de resolver sobre la proporción en que se reducirán las penas al testigo colaborador, siempre y cuando la información que proporcione sea relevante y colabore eficazmente con el Ministerio Público de la Federación.
Para la intervención de comunicaciones privadas, sugiere el proyecto, la Procuraduría General de la República contará con un cuerpo técnico de control para realizarlas. Los agentes que no estén adscritos administrativamente a la unidad especializada en delincuencia organizada tendrán la posibilidad de colaborar con esta unidad.
Además, la iniciativa amplía la facultad para requerir información y documentación a otras autoridades, es decir, se podrá solicitar información comercial por conducto de la Secretaría de Economía. En ningún caso podrá oponerse a los requerimientos de información el secreto bancario, fiduciario o cualquier otro de similar naturaleza.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, destacaron los senadores, debe proporcionar información de manera inmediata al Ministerio Público de la Federación de cualquier documentación, previa solicitud.
La propuesta fue turnada a las comisiones unidas de Justicia y Estudios Legislativos y es impulsada por las senadoras del PRI, Arely Gómez González, Graciela Ortiz González, Ana Lilia Herrera Anzaldo, Blanca Alcalá Ruiz y Marcela Guerra Castillo; así como por el senador del PAN, Roberto Gil Zuarth.
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